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La falta de tratado de extradición con México puede tener importantes implicaciones para la justicia mexicana y para la cooperación internacional en materia de justicia. Esto significa que las personas acusadas o condenadas por delitos en México pueden huir a uno de estos países para evitar la justicia.
Además, los avances en la tecnología de vigilancia y el intercambio de información entre las agencias de seguridad han dificultado aún más la vida de los fugitivos. A pesar de los destinos atractivos que ofrece España, aquellos que buscan escapar de la extradición deben tener en cuenta los riesgos involucrados y considerar cuidadosamente su decisión. En definitiva, España puede ser un refugio tentador, pero eludir la justicia no es tan fileácil como parece.
Sí es posible evitar la extradición, aunque no es un proceso del todo sencillo a pesar de que son varios los supuestos que lo permiten. Existen casos de países que no han accedido ante la solicitud de extradición de un individuo que ha realizado otro Estado, pues aunque es una facultad discrecional de cada Estado decidir si estradita o no a un individuo procesado en su territorio, hay que tener en cuenta que se trata de cuestiones internacionales muy delicadas que deben ser tratadas con mucho tacto, pues existen relaciones bilaterales que se pueden romper por este tipo de cuestiones y que sin duda alguna genera un daño directo a las relaciones diplomáticas de los países involucrados.
La falta de acuerdos de extradición puede dificultar la persecución de criminales que se refugian en estos países. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la falta de acuerdo no implica necesariamente que no se pueda llevar a cabo la extradición.
La extradición pasiva, también conocida como extradición por entrega, es una opción cuando no existe un tratado paises donde no hay extradicion de extradición entre dos países. En este caso, se requiere la cooperación y disposición del país en el que se encuentra el fugitivo para entregarlo a las autoridades españolas.
En nuestro despacho contamos con abogados Penales Internacionales, que llevan años de experiencia resolviendo este tipo de casos de extradición, por lo que han generado agilidad en los procesos y su capacitación es más que óptima.
Las solicitudes de extradición activas son las que presenta el Estado mexicano a otro país, en donde se encuentra el prófugo de la justicia mexicana y que cuenta con un mandamiento judicial.
Los tratados de extradición son muy importantes para la cooperación internacional en materia de justicia. Permiten a los países trabajar juntos para combatir el crimen organizado, el terrorismo y otros delitos graves.
La detenida por el caso Vidal-Quadras alega que fue utilizada por su ex y que solo mandó 250€ Alejandro Requeijo Pablo D. Almoguera Según su abogado, la expareja de Chahinez K. es uno de los coacusados en este caso, pero se encuentra prófugo. Ella tomó un vuelo al sur de España de forma repentina a invitación suya, para luego acompañarlo a Madrid, donde fue vista con él por los investigadores, según las explicaciones presentadas por las autoridades españolas a las neerlandesas.
Acepta regresar voluntariamente. Si bien esto puede llevarte al mismo resultado (es decir, que termines defendiéndote en una corte), sí podría evitarte un proceso legal largo y costoso. Tendrás derecho a una audiencia, la cual tomará la forma de un juicio previo en el país en el que resides actualmente.
En este caso, los países afectados tendrían que solicitar la entrega de la persona acusada o condenada a través de canales diplomáticos o mediante la negociación de un tratado de extradición después del hecho.
En algunos casos, la nacionalidad del fugitivo puede influir en la posibilidad de su extradición. Algunos países pueden estar más dispuestos a extraditar a sus propios ciudadanos aunque no exista un acuerdo de extradición, mientras que otros países pueden tener políticas más restrictivas en este sentido.
En casos en los que un país no tiene un acuerdo de extradición con España, es necesario explorar alternativas legales para garantizar que los culpables de delitos no queden impunes.
En muchos casos, los países pueden optar por juzgar a los acusados en su propio territorio utilizando su propio sistema legal. Sin embargo, esto puede limitar la capacidad de España para garantizar que los responsables rindan cuentas y enfrenten la justicia.
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